En los tribunales en el siglo XIX a los detenidos se les hacían, de entrada, cuatro preguntas. Las tres primeras eran los datos de identificación (nombre, edad, domicilio) y la cuarta sobre el patrimonio a efectos de responsabilidad civil. Ahí es donde cumplía responder que el detenido era insolvente, con el fin de evitar la posible multa. De ahí viene «estar a la cuarta pregunta».
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